En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado este 9 de agosto de 2026, diversas comunidades del estado de Morelos alzaron la voz para denunciar las deficiencias y la falta de profundidad en el proceso de consulta que actualmente promueve el Gobierno Federal. Durante un encuentro de cultura comunitaria en Temimilcingo, municipio de Tlaltizapán, las autoridades locales y organizaciones sociales manifestaron que, a pesar de los avances legislativos, el ejercicio actual para reglamentar los derechos constitucionales carece de las garantías necesarias para una participación efectiva.
La preocupación central de los pueblos morelenses gira en torno a la reforma del artículo 2° constitucional, la cual establece que “se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”. No obstante, los portavoces de las comunidades señalan que para ejercer plenamente este derecho, así como la libre determinación y representación política, es imperativo contar con una ley reglamentaria diseñada mediante un ejercicio democrático real. Al respecto, enfatizaron que, según los estándares internacionales, “la consulta debe ser libre, previa, informada y culturalmente apropiada; es decir en los espacios, en las formas y en los tiempos de los pueblos y comunidades indígenas de México”.
La postura emitida critica duramente la logística implementada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), calificando el proceso como apresurado y superficial. Las comunidades argumentan que intentar consultar a más de 17 mil comunidades en el país en un plazo de apenas tres meses es una tarea imposible de realizar con rigor, llegando a señalar que “la consulta parece ser una campaña electoral o una simulación de consulta”. Además, cuestionaron la pertinencia de convocar a estas asambleas durante los meses de mayor carga de trabajo en el campo, lo que dificulta la asistencia de los pobladores.
Uno de los puntos de mayor fricción es la discrepancia en las cifras oficiales sobre el territorio morelense, ya que mientras el INPI nacional solo reconoce 92 comunidades indígenas en el estado, el catálogo del Congreso Local registra un total de 168.
Ante esta contradicción, los pueblos exigen “la organización de una verdadera consulta a las 168 comunidades indígenas que están en el catálogo del Congreso Local” y que se detenga la entrega de información a «cuentagotas», demandando que se distribuyan materiales suficientes en todas las comunidades y no solo un ejemplar a las autoridades locales.
Finalmente, las comunidades indígenas y la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) hicieron un llamado urgente a las autoridades para ampliar los plazos de discusión y destinar recursos económicos que permitan llevar la información de la propuesta de ley a toda la población.
Entre sus exigencias finales destaca el cumplimiento cabal de la representación indígena en los ayuntamientos y el Congreso, así como el reconocimiento del “4º nivel de gobierno, con sede en cada una de las 168 comunidades indígenas de Morelos”, como una vía para garantizar su autonomía frente a la crisis política y la inseguridad que afecta a la región.
