Integrantes de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), encabezados por Dagoberto Rivera Jaimes, colapsaron este lunes la circulación en el primer cuadro de la capital morelense.
Mediante un bloqueo –en la calle Cuauhtemotzin, frente a las oficinas de la Coordinación General de Movilidad y Transporte–, los concesionarios y chóferes manifestaron su inconformidad con la política de supervisión del Gobierno del Estado, motivado por la proliferación de servicios irregulares y el rechazo a tácticas de vigilancia encubierta que el gremio califica como una transgresión sistemática a la privacidad y a los derechos humanos de los operadores del servicio público.
El conflicto central emana de una marcada disparidad en la aplicación de la ley, donde los concesionarios legalmente establecidos enfrentan una fiscalización rigurosa mientras el transporte denominado «pirata» opera con aparente impunidad en las periferias.
Rivera Jaimes denunció una omisión deliberada de la autoridad en la vigilancia de vehículos particulares que invaden las zonas de influencia de las rutas 16, 4 y 2, mermando drásticamente los ingresos del sector formal.
Al respecto, el líder transportista señaló de forma taxativa que «para todos los vehículos particulares que andan haciendo servicio público, no exista ni un solo operativo. En todas las colonias ya traemos este vehículos particulares que nos empiezan a hacer servicio colectivo».
El malestar gremial se fundamenta en la percepción de un asedio administrativo selectivo, pues según Rivera Jaimes, «la autoridad nada más está sobre nosotros y todo lo que está de manera ilegal… Nosotros afortunadamente decimos pues estamos legales, ¿no? Pero todos esos porque le están permitiendo que se estén llevando el pasaje que nos corresponde a nosotros».
La tensión se ha agudizado debido a la implementación de «supervisores incógnitos» y personal operativo de la propia dependencia —referidos localmente como «memos»—, quienes se dedican a videograbar a los choferes sin su consentimiento para exhibir presuntas faltas en plataformas.
Sobre esta práctica, el dirigente afirmó que «ellos creen que sus derechos están violentando porque en ningún momento les piden este autorización para filmarlos, videograbarlos o a veces hasta entrevistarlos».
El sector insistió en que, si bien no se oponen a la fiscalización, esta debe ajustarse a un marco ético: «No decimos que no estemos de acuerdo, que finalmente se revisen las unidades, pero yo creo que hay que respetar su derecho humano del trabajador. Se le debería de pedir este su consentimiento para filmarlo y grabarlo».
Según los reportes presentados durante la protesta, al menos 40 trabajadores del volante han sido víctimas de amenazas directas tras ser identificados públicamente en plataformas digitales.
Mientras tanto, el bloqueo en las inmediaciones de la Coordinación de Movilidad y Transporte persiste como una medida de presión para forzar la apertura de una mesa de diálogo que garantice condiciones de equidad.
