El 25 de julio se conmemoró el Día Internacional para el Bienestar Judicial, si bien es una celebración de reciente creación, la cual se origina de una preocupación cada vez más evidente. Y es que quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia también enfrentan altos niveles de presión, estrés, ansiedad, depresión, aislamiento y desgaste emocional derivado de su función.
Esta conmemoración encuentra su origen en la Conferencia Judicial Regional sobre Integridad y Bienestar Judicial, celebrada en Nauru, isla en el océano pacifico central en el sur de la línea del ecuador, en julio de 2024; donde juezas, jueces, líderes judiciales y especialistas analizaron la relación existente entre el bienestar de quienes integran los sistemas de justicia y la calidad de la función judicial. Como resultado, el 25 de julio de ese año se adoptó la Declaración de Nauru sobre el Bienestar Judicial.
A partir de estos esfuerzos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 4 de marzo de 2025, la Resolución A/RES/79/266, mediante la cual proclamó oficialmente el 25 de julio de cada año como el Día Internacional para el Bienestar Judicial. Esta decisión no responde a una cuestión meramente simbólica, sino que forma parte de una premisa fundamental: el bienestar de quienes imparten justicia, la cual se relaciona directamente con la independencia judicial, la integridad, la eficiencia y la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Y es que hablar de bienestar judicial no significa disminuir las exigencias propias de la función ni justificar errores. Significa reconocer que detrás de cada sentencia, audiencia, acuerdo o resolución existe una persona sometida a una responsabilidad permanente. Las largas jornadas, la acumulación de asuntos, la presión institucional y el impacto emocional de conocer diariamente conflictos humanos pueden producir un desgaste; el cual, si no es atendido oportunamente, termina afectando no solamente a quien trabaja en el sistema de justicia, sino también a la propia calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
Es importante referir que esta conmemoración también encuentra sustento en el artículo 1º en relación con el 123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de ellos, reconoce la obligación de todas las autoridades de promover, respetar y garantizar los derechos humanos; por cuanto al segundo establece el derecho al trabajo digno. Estos principios permiten sostener que las personas que laboran en las instituciones de justicia no dejan de ser titulares de derechos por desempeñar una función pública.
Es por ello, que el bienestar judicial no debe verse como un privilegio, sino como una responsabilidad institucional, porque una justicia de calidad requiere independencia, preparación y ética; pero también instituciones capaces de prevenir el agotamiento, reducir el estigma relacionado con la salud mental y generar condiciones laborales que permitan desempeñar la función con dignidad.