El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Leonel Díaz Rogel, dio a conocer que la dependencia a su cargo cerrará el año con un registro de más de 600 carpetas de investigación judicializadas correspondientes a funcionarios, exfuncionarios y servidores públicos de diversos niveles.
No obstante, el Fiscal Anticorrupción enfatizó que el principal obstáculo para obtener sentencias definitivas contra exmandatarios y mandos de alto nivel radican en el abuso del juicio de amparo.
Entrevistado en el marco de la comparecencia del Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar ante el Congreso Local, Leonel Díaz, detalló que conforme al último informe semestral de la institución, existen más de 140 amparos y recursos de revisión promovidos por servidores públicos de administraciones y sexenios pasados, situación que aletarga la impartición de justicia.
Al ser cuestionado sobre la identidad de los personajes amparados, Díaz Rogel sostuvo que por sigilo legal y para no entorpecer las investigaciones evitará revelar nombres, argumentando que de lo contrario «llueven los amparos y se eterniza la llegada de la justicia». Asimismo, detalló que la divulgación de identidades promueve la interposición de los denominados «amparos buscadores», los cuales retrasan el avance judicial.
Pese a este escenario, el funcionario destacó que recientemente el Poder Judicial ha comenzado a destrabar expediente clave, permitiendo recibir «resoluciones que estaban durmiendo el sueño de los injustos». Cuestionado sobre los retrasos en casos emblemáticos que suman años en revisión —como los recursos ligados al exgobernador Graco Ramírez—, afirmó que la FECC se mantiene atenta para dar seguimiento puntual y asegurar que «no se están permitiendo prescripciones» en los delitos investigados.
Respecto a las capacidades operativas del organismo, Díaz Rogel recordó que al asumir la fiscalía únicamente se contaba con tres ministerios públicos.
A la fecha, la fuerza de trabajo se ha elevado a 20 ministerios públicos en activo, y para el ejercicio 2025 se proyecta un incremento presupuestal y de personal del 50% en el área operativa para agilizar la integración de los expedientes.
Finalmente, al ser interrogado sobre denuncias relativas a su perfil profesional, el fiscal rechazó las acusaciones asegurando desconocer la existencia de dichos recursos legales y defendió la contundencia de los resultados al frente de la institución. Todo lo referente a irregularidades atribuidas a administraciones anteriores dentro de la propia fiscalía, concluyó, se encuentra actualmente en manos del Órgano Interno de Control.
