La reciente reforma en materia de prevención de lavado de dinero, obligará a empresarios y profesionistas relacionados a 17 actividades económicas a dar cumplimiento a nuevas obligaciones, sanciones económicas elevadas e incluso posibles responsabilidades penales
La consultora especializada en prevención de lavado de dinero, anticorrupción y cumplimiento normativo, Korina Tovar Valle, señaló en entrevista que las modificaciones representan un importante reto para el sector empresarial, debido a que contemplan nuevas obligaciones, sanciones económicas elevadas e incluso posibles responsabilidades penales.
Tovar Valle, integrante afiliada de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM) y la morelense –reconocida entre las 50 especialistas del país por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos—, explicó que la reforma impactará a casinos, empresas relacionadas con tarjetas de servicios y monederos, joyerías, agencias y lotes de automóviles, arrendadores bajo determinados supuestos, abogados, contadores y el sector inmobiliario; por lo que deben de buscar asesoría especializada en corto plazo.
Uno de los principales cambios, explicó la especialista, es la obligación de que las empresas consideradas sujetos obligados implementen una metodología de evaluación de riesgos, con la finalidad de identificar qué tan vulnerables son ante posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las compañías deberán identificar las amenazas, calcular el impacto que podrían generar y establecer mecanismos de control interno para reducir esos riesgos.
Además, las nuevas disposiciones no solamente involucran al área de gobierno corporativo, sino también a departamentos como recursos humanos y selección de personal, donde se deberán considerar aspectos como la experiencia, honorabilidad y posibles impedimentos legales de quienes ocupen determinados cargos.
Otro de los requisitos será la elaboración de un manual de cumplimiento robusto, en el que se establezcan los procedimientos necesarios para atender las obligaciones previstas por la legislación.